La primera
televisión que llegó a España fue la televisión pública, el 28 de octubre de 1956. No fue hasta
1990 cuando aparecieron las primeras cadenas de televisión privadas, de ahí que
haya tenido tanta importancia la televisión pública en nuestro país hasta
nuestros días. Con la llegada de la televisión por satélite, la plataforma
digital Vía Digital, hoy integrada en Digital+ y la TDT, Radiotelevisión
Española ha creado varios canales temáticos (24 horas, teledeporte, Clan,
etc.).
Es necesaria
una televisión pública que emita contenidos que no son divulgados por las
cadenas privadas, ya sea porque no son rentables o por cualquier otro motivo, pero
que son importantes para los ciudadanos; información de interés general,
programas culturales, información sobre causas sociales, etc. Un medio de
comunicación audiovisual público, debe transmitir acontecimientos y noticias de
forma objetiva para crear una conciencia crítica en los ciudadanos basada en la
verdad, ya que, al ser público, los objetivos no están, o no deberían estar
subordinados a los intereses de un dueño, socios o accionistas propietarios del
medio.
Hasta aquí,
me imagino que todos, o casi todos, estaremos de acuerdo en esto que acabo de
referir, pero la realidad en nuestro país es otra bien distinta. Los medios de
comunicación audiovisual públicos emiten noticias, programas culturales y
multitud de contenidos interesantes para el espectador que no son emitidos por
las cadenas privadas, pero en cuanto a los acontecimientos y noticias, distan
mucho de ser objetivos y de responder a los intereses de los ciudadanos. Lo
cierto, es que las cadenas de televisión pública, al igual que ocurre con todos
los medios de comunicación públicos, están en manos del gobierno de turno; las
cadenas nacionales son gestionadas por el gobierno estatal, mientras que las
autonómicas son dirigidas por los gobiernos de cada comunidad autónoma.
Así, los
medios públicos son utilizados por los gobiernos para conseguir sus objetivos,
moldear la opinión pública a su antojo y como si no fuera suficiente con la
administración pública, también aprovechan las televisiones para seguir
colocando a familiares y amiguetes, aunque para ello haya que inventarse
puestos de trabajo. Esto se ve muy claro cuando se produce un cambio de
gobierno, ya que entre las primeras cosas que hace el partido elegido, es
cambiar a varios, y en ocasiones a la totalidad, de los cargos directivos y responsables
de las cadenas de televisión públicas por otros afines a su ideología y partido
político.
Para colmo,
la mala gestión y el despilfarro de los gobiernos desde los años 80, ha sumido
a la mayoría de las televisiones públicas en deudas multimillonarias. Televisiones
que cuentan con plantillas de miles de empleados y sin embargo externalizan sus
producciones. Algunos ejemplos son:
- RTVE: Su deuda asciende a unos 70 millones de euros y esta cifra llegó a alcanzar los 7.560 millones, déficit que fue asumido por el gobierno de Zapatero en 2006.
- Telemadrid: Tiene una deuda de aproximadamente 270 millones de euros.
- Radiotelevisión Valenciana: Supera los 1000 millones de euros.
- Televisió de Catalunya (TV3): Su deuda es de 21 millones de euros pero entre 2007 y 2008 la Generalidad de Cataluña ya asumió una deuda de 1.046,72 millones de euros. Es la televisión autonómica que más externaliza sus producciones.
Además, cada
año las subvenciones a las televisiones públicas son mayores (2.334,5 millones de euros en 2011 según publicó la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones). Aún
teniendo esta desorbitada cifra de deuda, estos entes públicos se siguen
permitiendo el lujo de tener en nómina a familiares y amigos, a directivos con sueldos
escandalosamente altos y a presentadores con un caché por las nubes, y no siempre
debido a su valía profesional, como es el caso de Mariló Montero y Anne Igartiburu.
Según publicó el diario El Mundo el pasado mes de abril, Mariló Montero se
embolsa 490.000 euros al año y Anne Igartiburu 300.000 euros, más extras. A
todo esto, además, debemos añadirle la genial idea del ex presidente de
gobierno J.L. Rodríguez Zapatero de retirar la publicidad en RTVE, que desde el
1 de enero de 2010 se financia a través de subvenciones públicas e
impuestos directos sobre los operadores privados
de televisión y telefonía.
¿Es perjudicial un posible
futuro audiovisual sin televisión pública sólida?
Sería perjudicial si
realmente hubiese existido una televisión pública sólida en nuestro país, pero
viendo el panorama, casi es preferible que desaparezca y así al menos, eso que nos ahorramos todos los españoles. La desgracia son las miles de
personas que van a engrosar las listas del
paro, entre las cuales, no se encuentran aquellos que están empleados
en las cadenas por el simple hecho de tener lazos de sangre o de amistad con
políticos influyentes. Pero lo cierto es que si, es
necesaria una televisión pública, pero que esté al servicio de los ciudadanos,
no de políticos; que en vez de firmar contratos millonarios con presentadores
famosos y adjudicar puestos a dedo, brinde oportunidades a aquellas personas que
quieren abrirse paso en el mundo audiovisual, entre las que se encuentra multitud de talento desperdiciado; que informe de manera objetiva y veraz y no
omita ni manipule información. En definitiva, una televisión de ciudadanos para
ciudadanos.
Fuentes
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